Catholic Church divides on civil unions—theology or strategy?

The leadership of Costa Rica’s Catholic Church put out a statement this week opposing civil union legislation now being debated in the country’s legislature.

The opposition to such legislation wouldn’t be surprising, except that Catholic hierarchy in some other Latin American countries have given the OK to civil unions, even endorsing the argument that same-sex couples deserve some level of legal protection.

Is this a theological difference, or a political one?

Take this statement last month from Uruguayan Bishop Jaime Fuentes, who handles family issues for the church hierarchy in his country.

“It seems logical that two people of the same sex who care for each other and want to share their lives together can have some sort of civil acknowledgement,” he said.

Of course, he continued, “but it can’t be the same as what governs marriage … Giving this kind of union the same obligations and rights as marriage would represent serious discrimination against a married man and woman.”

The Uruguayan church was losing its fight against an equal marriage law, which passed the lower house of parliament overwhelmingly a few weeks after Fuentes’s statement. And Nicolás Laffirriere, a spokesman for the leadership of the Catholic Church in Argentina—which voted to legalize same-sex marriage through the legislature in 2010—drew a similar line when I spoke with him a few months ago.

Two people of the same sex are not a form of family in the sense that they can have children, and with all that we accept as “family.” They can be regulated under contract law or by common law, but not under family law.

But the stronger tone in Costa Rica comes in an environment where the church has a stronger hand to play. Lawmakers opposed to the measure there have so far managed to block debate on it. The statement, signed by Costa Rica’s top bishop, Óscar Fernández Guillén, declares,

It is necessary to reflect above all on the difference between homosexual behavior as a private phenomenon and as public behavior, legally sanctioned, approved, and made into an institution protected and promoted by the legal system.

It goes on to rebut the argument that civil unions would rectify discrimination against same-sex couples while merely recognizing the fact that these unions exist. To enact civil unions on this basis would

constitute a grave injustice to sacrifice the common good and the right of the family to obtain goods that can and must be guaranteed in ways that do not harm the body politic.

The full statement from the Costa Rican Episcopal Conference:

“Por el respeto al matrimonio y a la familia”

Mensaje de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, de frente a los diversos proyectos de ley sobre uniones entre personas del mismo sexo que se están tramitando en la Asamblea Legislativa, queremos reiterar a la Señora Presidenta de la República, a las señoras y los señores Diputados del Congreso de la República y a los costarricenses en general, algunas consideraciones orientadas a la protección de la dignidad del matrimonio, fundamento de la familia, y a la promoción y defensa del bien común de la sociedad, de la cual, esta institución es parte constitutiva; todo ello, en el marco del respeto de los Derechos Humanos:

1. Vemos en el matrimonio, base esencial de la familia, un valor importantísimo, que debe ser defendido de toda amenaza que ponga en peligro su solidez, su naturaleza particular, propiedades esenciales y finalidades innegables.

2. Ello, nos ha llevado a oponernos, reiteradamente, a los distintos proyectos que, abierta o soslayadamente, pretendan equiparar las uniones entre personas del mismo sexo con el matrimonio heterosexual pues, la legalización de estas, deforma la percepción de los valores morales fundamentales y menoscaba la institución matrimonial, como tal.

3. La familia, como elemento natural y fundamental de la sociedad y del Estado, debe recibir la máxima protección, especialmente en el momento de su constitución, y durante todo el proceso del cuidado y educación de los hijos. Por ende, constituye una obligación básica del Estado –vinculante para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, la protección jurídica de la naturaleza intrínseca de la institución familiar, esto es, promoción de los valores propios del auténtico matrimonio y de la fecundidad de nuevas vidas, necesitadas de una sana educación y de un contexto legislativo basado en el respeto de la ley natural. Al pretender equiparar la unión entre personas del mismo sexo, otorgándole igualdad de condiciones jurídicas al del matrimonio entre personas heterosexuales, el Estado actuaría arbitrariamente y entra en contradicción con sus propios deberes.

4. La Iglesia Católica considera que la persona humana, creada a imagen de Dios, es digna de todo respeto, y rechaza toda discriminación contraria a su dignidad. Los hombres y mujeres con tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto y evitar, respecto a ellos, toda real discriminación. No obstante, la Iglesia distingue entre el respeto a toda persona, independientemente, de su orientación sexual, y el rechazo de las prácticas homosexuales, como acto objetivamente contrario al plan de Dios para el ser Humano.

5. Constatamos que, a favor de este tipo de iniciativas, comúnmente, se invocan argumentos como el principio de respeto y la no-discriminación de las personas; incluso, muchos objetan cómo puede contrariar al bien común una ley que no impone ningún comportamiento en particular, sino que se limita a hacer legal una realidad de hecho que no implica, aparentemente, una injusticia hacia nadie. En este sentido es necesario reflexionar ante todo sobre la diferencia entre comportamiento homosexual como fenómeno privado y el mismo como comportamiento público, legalmente previsto, aprobado y convertido en una de las instituciones protegidas y promovidas por el ordenamiento jurídico.

6. El principio de igualdad, contenido en nuestra Constitución Política, no implica que en todos los casos, se deba dar un tratamiento igual prescindiendo de los posibles elementos diferenciadores de relevancia jurídica que puedan existir; o lo que es lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación. La igualdad, como lo ha dicho la Sala Constitucional, sólo es violada cuando la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable.

7. Es innegable que diversas organizaciones pro derechos de los homosexuales, bisexuales y transexuales, que se perfilan como un verdadero movimiento político (LGTBI), siguen promoviendo, con el apoyo de algunos medios de comunicación, y de algunos miembros de partidos políticos, diversas iniciativas en aras del reconocimiento legal de las uniones homosexuales, tales como una reforma al Código de Familia, para modificar la unión de hecho ó los proyectos de ley de Sociedades de Convivencia.

8. Sin embargo, es falso el argumento, según el cual, la legalización de las uniones entre personas homosexuales sería necesaria para evitar que los convivientes, por el simple hecho de su convivencia homosexual, pierdan el efectivo reconocimiento de los derechos comunes que tienen en cuanto personas y ciudadanos. En realidad, como todos los ciudadanos, también ellos, gracias a su autonomía privada, pueden siempre recurrir al derecho común para obtener la tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco. Por el contrario, constituye una grave injusticia sacrificar el bien común y el derecho de la familia con el fin de obtener bienes que pueden y deben ser garantizados por vías que no dañen a la generalidad del cuerpo social.

9. Según algunos legisladores, los actuales proyectos de ley son, simplemente, un reconocimiento de derechos patrimoniales y no la aprobación de matrimonios entre homosexuales. Esto es absolutamente falso, pues se incluyen efectos personales y patrimoniales idénticos al matrimonio. Además, es de esperar, según la estrategia seguida por los grupos promotores, asesorados por una corriente internacional que favorece esta materia, que lo que hoy se solicita no es, sino, el primer paso para llegar al matrimonio y a la adopción, como, de hecho, ha sucedido en otros países.

10. A la señora Presidenta de la República, a las señoras y señores miembros del Congreso, a las y los Jueces de la República que eventualmente revisarían la constitucionalidad del texto de estos proyectos, y en particular a quienes afianzan su fe en Cristo, quisiéramos instarlos a consagrarse con sinceridad, rectitud, con caridad y fortaleza a la misión a ustedes confiada por el Pueblo, a saber, legislar sobre la base de los principios éticos y en beneficio del bien común.

En la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre 2012.
† Óscar Fernández Guillén
Obispo de Puntarenas
Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s